Raoul Marc Jennar
1. El 13 de enero de 2004 la Comisión europea adoptó la propuesta: entre los que la aprobaron figuran los franceses Michel Bernier (UMP) y Pascal Lamy (PS), el belga Philippe Busquen (PS), la alemana Michaele Schreyer (Verdes). La propuesta, cuyo contenido pertenece a una materia a la que se aplica el procedimiento de decisión conjunta, es enviada a los gobiernos y al Parlamento europeo a la vez.
2. Para el examen intergubernamental, en el seno de un Comité de Representantes Permanentes (COREPER), se constituye un grupo de trabajo que reúne a representantes de la Comisión europea y de los gobiernos. Se reunió siete veces entre el 27 de febrero y el 26 de mayo. También se celebraron reuniones posteriores. Pero lo que es preciso retener es que NI UN SOLO GOBIERNO PIDIO QUE LA PROPOSICIÓN FUERA RECHAZADA.
3. Todavía más. En la cumbre europea de primavera, los días 25 y 26 de marzo 2004, en Bruselas, los jefes de Estado y de Gobierno (entre ellos el presidente Chirac y los jefes de gobierno de Francia, Luxemburgo y Bélgica) adoptaron un texto en el que, a propósito de la estrategia de Lisboa, se puede leer lo siguiente: “En el sector servicios, que está fuertemente fragmentado, se impone una competencia fuerte para mejorar la eficacia, aumentar la producción y el empleo y servir los intereses de los consumidores. El examen del proyecto de directiva sobre servicios tiene que ser de una prioridad absoluta y debe respetarse el calendario establecido”.
4. En el Parlamento europeo, el 31 de agosto de 2004, la “comisión del mercado interior y de la protección de los consumidores” estudia por primera vez la propuesta. Parece que el PPE (del que forman parte la UMP francesa y la CDH belga), los liberales (de los que forma parte el MR belga) y una gran parte del grupo del Partido Socialista Europeo se muestran favorables a la propuesta aunque sea realizando determinadas modificaciones. Sólo el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, dirigida por el francés Francis Wurtz (PCF) y algunos socialistas entre ellos Beatrice Patrie (PS francés – Nouveau Monde) se oponen sin ambigüedad alguna.
5. El Parlamento europeo organiza una auditoria de expertos el 11 de noviembre. A petición de la señora Patrie y del grupo de la Izquierda Unitaria Europea, participo en la comisión del mercado interior junto a 19 personas más (ver URFIG). De la mayoría de intervenciones se desprende que esta directiva provocará una inseguridad jurídica impresionante, que anulará la directiva existente sobre el desplazamiento de trabajadores, que compromete gravemente la Convención Roma I (con relación al derecho del país en el que el trabajador ejerce su actividad), que arruina cualquier posibilidad de los Estados que organizan un sistema de cobertura de sanidad para mantener este tipo de política, que consagra, a semejanza del tratado constitucional europeo, el abandono de la técnica de armonización como instrumento prioritario de la integración europea. Un hecho remarcable: la Comisión europea rechaza en bloque todas esas observaciones. Por el contrario, acepta mi interpretación de que las ofertas europeas en materia del Acuerdo General de Comercio y Servicios – AGCS serán a partir de ese momento competencia exclusiva de la Comisión. En un documento de trabajo (PE 353.297 – DT/551156FR doc- 21.12.2002) la portavoz Evelyne Gebhardt “a la vista de los resultados de la auditoria del 11 de noviembre de 2004, estima necesario reelaborar en profundidad la proposición de directiva de la Comisión”.
6. En el Consejo de Ministros encargado de los temas de competitividad, los días 25 y 26 de noviembre de 2004, “la propuesta de directiva ha sido acogida favorablemente por los Estados miembros”. Francia señala que no se opone a la aplicación del principio del país de origen.
7. El 1 de enero 2005 el cambio de la presidencia holandesa a la luxemburguesa significó una inflexión interesante. El gobierno gran ducal no parece dispuesto a sostener incondicionalmente el texto de la propuesta. Así, el 10 de enero 2005 presentó un “documento consolidado” con formulaciones más precisas, fórmulas alternativas para cada artículo sensible y el rechazo de determinadas disposiciones del documento Bolkestein (documento 5165/05). Actualmente, este documento está siendo estudiado por un grupo de trabajo. La presidencia luxemburguesa abre una oportunidad para que el texto sea enmendado. Y termina el 30 de junio. La siguiente presidencia será la británica, ferviente partidaria del texto redactado por Bolkestein y aprobado por la Comisión.
REACCIONES
1. El 21 de marzo 2004, alertado por la Federación General de Trabajadores belgas, de tendencia socialista sin relación con el PS belga), por una carta del 8 de marzo del Colegio Initgermutualista Belga (formado por las mutualidades cristianas, neutras, socialistas, liberales y también la Caja de Atención Sanitaria de los ferrocarriles belgas y la Caja Pública de Seguro Enfermedad-Invalidez) y también por un comunicado del PS belga, publiqué un análisis de la propuesta con el título “Nueva agresión neoliberal de la Comisión europea”.
2. En la prensa francesa, solamente el semanario Politis se hizo eco del análisis y fue el periodista Thierry Brun el primero en Francia en divulgar el contenido de la propuesta, en el número de 25 de marzo. El semanario anunció la manifestación prevista el 5 de junio en Bruselas. En Bélgica, una importante movilización de asociaciones, ONG y sindicatos, en el seno del Foro Social Belga y de dos centrales sindicales (CSC y FGTB), 5000 personas se manifestaron contra la directiva Bolkestein. Fui uno de los oradores y quiero señalar la estrecha relación que existe entre esta propuesta y el tratado constitucional europeo.
3. Tres días después de la manifestación de Bruselas, el diario francés L’Humanité empezó una campaña de información y explicación de la directiva, que no ha interrumpido. El 21 de junio, el consejo municipal de la ciudad de Bruselas, de todas las tendencias políticas, adoptó una resolución afirmando su “total oposición” a la propuesta por constituir “un ataque frontal contra los servicios públicos locales”. El presidente de la Unión de Ciudades y Comunas de Valonia declaró que “los servicios públicos comunales son uno de los pilares de la tradición europea común”.
4. En e Foro Social Europeo de Londres, por iniciativa de dos centrales sindicales belgas y del FSBélgica se organizó durante media jornada un taller consagrado enteramente a la propuesta Bolkestein. Se decidió organizar una manifestación para reclamar la Europa social y ponerse al AGCS y a su versión europea agravada que es la directiva Bolkestein. Se celebró el 19 de marzo 2005 en Bruselas. Pero la implicación de la Confederación Europea de Sindicatos, favorable al tratado constitucional europeo, embrolló el mensaje de esa manifestación. Tuvo que intervenir enérgicamente la FGTB para que la CES retirara su llamamiento a manifestar su apoyo al tratado constitucional. En el FSE se creó la página www.stopbolkestein.org
LA DUPLICIDAD DE LOS PARTIDARIOS DEL TRATADO CONSTITUCIONAL
Los partidarios del tratado constitucional europeo han entendido que la directiva Bolkestein es un ejemplo de lo que será en la práctica su Constitución, y que puede abrir los ojos de muchas personas antes del referéndum, con lo cual, llega demasiado pronto. En Francia, desde Chirac a Rocard/Strauss-Kahn, se da la misma liga de servidores de la patronal que hacen ver que están indignados por una propuesta a la que votaron.
Las protestas francesas (las de las autoridades y las de quienes proclamaban el si al tratado constitucional, socialistas y verdes) están dirigidas principalmente al “principio del país de origen”. Los partidarios de la “estrategia de Lisboa” silencian las demás agresiones que presenta la propuesta Bolkestein:
- Pone en tela de juicio los fundamentos del derecho privado internacional (Convención Roma I) y negociaciones muy avanzadas en este campo (propuesta de Convención Roma II).
- Impide la aplicación de la directiva en desplazamiento de trabajadores.
- Se aplica a sectores como la enseñanza, la salud, los servicios sociales, los servicios culturales y audiovisuales.
- Conduce al desmantelamiento de los sistemas públicos de sanidad.
- Cuestiona el poder de las autoridades locales para proporcionar estos servicios.
- Se contradice con la propuesta de directiva relativa al reconocimiento de la cualificación profesional.
- Suprime para los Estados europeos la libertad de elegir a qué servicios y hasta dónde aplicarán el AGCS.
Las estruendosas tomas de posición de las autoridades franceses tienen como único objetivo rechazar el examen de la propuesta Bolkestein después del referéndum. Y que este examen no se haga bajo la presidencia luxemburguesa favorable a las enmiendas significativas al texto, pero que se realice con la presidencia británica muy ligada al texto inicial.
Conseguir que gane el SI al tratado constitucional y obtener luego la propuesta Bolkestein, doble objetivo de los servidores de la patronal.
LA COMISIÓN BARROSO
El presidente Barroso, un neoliberal atlantista, que se entrenó como destructor de los servicios públicos cuando era primer ministro de Portugal, hizo de la estrategia de Lisboa una de sus prioridades más importantes. En The Financial Times (Londres), el señor Barroso declaró, el 2 de febrero 2005, que “la liberalización de los servicios es la primera de mis prioridades”. Y precisó que su programa constituye “una clara ruptura con el pensamiento europeo de un pasado reciente cuando las preocupaciones medioambientales y la mejora de los derechos de los trabajadores tenían la misma prioridad que la necesidad de generar crecimiento”.
Después de las exigencia gubernamentales y socialistas francesas de “replantearse” (¿??) la propuesta de directiva, el portavoz de la Comisión europea declaró el 4 de febrero que “la posición de la Comisión es que la liberalización de los servicios es un punto esencial del relanzamiento de la estrategia de Lisboa sobre la competitividad de la Unión Europea. La Comisión no debe en absoluto retirar la directiva de servicios”. El neoliberal Charlie McGreevy, sucesor del neoliberal Frits Bolkestein como Comisario para el mercado interior, declaró que “el principio del país de origen debe mantenerse pues es la clave de la directiva”. Meter Mandelson, sucesos laborista del socialista Pascal Lamy, defiende también este principio en nombre de la lucha contra el proteccionismo.
Estos propósitos no son desmentidos por el vicepresidente socialista del Parlamento europeo, Robert Goebbels, el cual añade que “no existen partes enteras de los servicios que la competencia no dañe”. A buen entendedor…
Para comprender el alcance de lo que se está preparando hay que recordar que la ampliación a países en los que no existen o hay pocas leyes fiscales, sociales y medioambientales se negoció en el mismo momento en el que se redactaba el tratado constitucional y la propuesta Bolkestein. La Comisión europea, motor de la ideología neoliberal, está en el centro de esta triple acción.
La unanimidad exigida por el tratado constitucional europeo para la armonización social significa abandonar la armonización. Y la directiva Bolkestein anuncia qué reemplazará a la armonización: la utilización de las nuevas disparidades creadas por la ampliación en beneficio de una patronal tranquilizada porque el tratado constitucional mantiene que la libertad de establecimiento y de circulación de los servicios son “valores fundamentales” de la UE (art. 4), que “las restricciones a la libre circulación de los servicios quedan prohibidas” (art. 144), que la competencia será “libre y no falseada” (art. 3, 177,178 y 65 otros más) y que la armonización social se dejará en manos del “funcionamiento del mercado interior” (art. 209).
Esta propuesta ilustra anticipadamente las futuras legislaciones europeas, una vez se haya adoptado el tratado constitucional. Constituye un ejemplo, entre muchos otros, de los esfuerzos de desregulación propuestos por la Comisión europea y apoyados por todos los gobiernos. Y traduce la resignación y la colaboración a la que apelan los que, como Michel Rocard, repiten hasta la saciedad que “el capitalismo ha ganado”.
Esta propuesta y las peripecias que la acompañan ilustran también hasta qué punto cuando se trata de la UE nos engañan y nos manipulan. Aprovechando la complejidad de los textos y la opacidad de los procedimientos, se esmeran en confundirnos sobre el contenido de los textos y sobre las actitudes adoptadas.
Nos engañan sobre la directiva Bolkestein. Nos engañan sobre el tratado constitucional europeo. ¿Daremos un SI a los que nos engañan?
Raoul Marc Jennar
Investigador
URFIG
